En el año 1996, en España, el 63% del servicio de aguas era público. En el 2005 ya sólo lo era el 52%. Cinco años más tarde bajaba al 47% y se preveía que al finalizar ese mismo año alcanzase sólo del 43%. Y, sin embargo, el agua es mayoritariamente pública en toda Europa, con las excepciones del Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal.
El servicio público de aguas de ciudades y pueblos de nuestro país se está convirtiendo en un negocio para las multinacionales, con unos únicos perjudicados, los ciudadanos. El sector privado del agua, está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar y FCC, que son marcas locales de las dos mayores multinacionales del agua en el mundo, las francesas Suez y Veolia respectivamente. Lo que provoca un acceso desigual al servicio y se produce un aumento escandaloso de tarifas, provocando grandes beneficios, con ganancias aseguradas. Al mismo tiempo, se produce un deterioro del servicio por falta de inversión en el mismo, lo que provoca una perdida en la calidad del agua, además del nulo respeto por el medio ambiente.
Y, sin embargo, la tendencia actual del agua es a la remunicipalización como servicio público. Sólo el 10 % de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado el sistema de aguas y la tendencia es ir volviendo al sistema público. En los últimos diez años, más de un centenar de grandes ciudades han remunicipalizado el agua, con lo que se genera un monopolio natural, donde la competencia sólo se puede dar en el principio de la concesión pública, pero posteriormente desaparece y el usuario está al libre criterio económico de la empresa
Un ejemplo claro ha sido París, donde la empresa Eau que surge como consecuencia de la remunicipalización, ha conseguida bajar un 8% sus tarifas y ha logrado un beneficio de 35 millones de euros en su primer año que han sido reinvertidos íntegramente en la mejoría del servicio de aguas, permitiendo además que los usuarios evalúen permanentemente la calidad del sistema. El gobierno italiano de Berlusconi organizó un referéndum en el año 2011, donde se pretendía acabar con la gestión pública del agua para pasarla a manos de multinacionales. El gobierno salió derrotado y la ciudadanía italiana adoptó una posición a favor de que el agua fuera exclusivamente un servicio público. La conferencia de las Naciones Unidas para el Agua y el Medio Ambiente, que se celebró en 1992 en Dublín, declaró el agua como el oro azul, considerándola como un bien económico. Y, desde el año 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó que el acceso del agua y al saneamiento como un derecho humano.
Pero, curiosamente, ningún país de la neoliberal Unión Europea ha adaptado su legislación nacional a dicha resolución. El agua se ha convertido en el gran negocio para las multinacionales. Y, ante la falta de liquidez que sufren actualmente los ayuntamientos, las empresas les ofrecen la compra de dichas empresas para beneficiarse a su costa. Con la privatización del agua, se genera un monopolio natural. Pero, posteriormente, desaparece y el usuario está al libre criterio económico de la empresa.
Sería algo muy positivo que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, todos los partidos políticos lleven en sus programas la exigencia del agua como un servicio público y que, en la próxima reforma constitucional, el agua sea declarado un derecho humano y esté garantizado por el Estado. Algo que ya han conseguido los griegos, los italianos y, últimamente, los franceses.
PUBLICADO POR SANTIAGO MIRÓ EL 8/14/2014
